La Comisión Europea necesita nuevos poderes para asegurarse de que los estados miembros alcancen el compromiso europeo de que el 27% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables en 2030, según indica la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) en un comunicado.
Asimismo, si un Estado miembro ignorase una recomendación política, la Comisión debería poder emitir una advertencia con la posibilidad de recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia si no se toman medidas. El Ejecutivo de la UE también debería tener la autoridad para intervenir cuando los estados miembros hagan cambios contraproducentes en las políticas nacionales de energías renovables, a juicio de la asociación eólica europea.
En diciembre de 2015, la Comisión Europea debe presentar puntos de referencia sobre energías renovables que darán indicaciones a los diferentes países sobre el modo de alcanzar la meta a finales de la próxima década. Es de suma importancia que el objetivo se distribuya equitativamente entre los estados miembros, según EWEA.
Los estados miembros deben establecer sus compromisos individuales no más tarde de diciembre de 2017. En el caso de que las contribuciones nacionales no cumplan con el objetivo global, la Comisión debe negociar la cooperación entre los Estados miembros vecinos, en particular con los que su compromiso esté por debajo del objetivo original de la Comisión.
Si esos países aún no lograsen compensar el déficit, el Ejecutivo de la UE debería poner en marcha un programa a partir de enero de 2020 que requiriese que los estados miembros con contribuciones bajas se comprometiesen a al desarrollo de las energías renovables, según EWEA. Además, pide a la Comisión que haga recomendaciones oficiales sobre los planes de acción de energía renovable de cada país cada dos años.
En el caso de España, aún no existe una Planificación a 2030. De hecho, sólo recientemente se ha conocido el Informe de Impacto Ambiental de la de 2020. En ella se reconoce la necesidad de más eólica: 4.700 nuevos megavatios para cumplir con los objetivos europeos a 2020. No obstante, bajo la regulación actual, que permite entre otras cosas modificar las condiciones económicas de los parques cada seis años, será prácticamente imposible cumplir ese objetivo, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE).