El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado que la subasta de interrumpibilidad es una herramienta para la gestión de la demanda eléctrica y no para la gestión del empleo, que requiere de políticas económicas para corregir los desequilibrios, tales como la consolidación fiscal, y de reformas estructurales, entre ellas la energética. Así lo ha afirmado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles 17 de junio para defender la reforma energética.
El ministro Soria ha defendido la reforma energética que ha permitido convertir el déficit energético en superávit, estabilizar y bajar después los precios de la energía, congelar los peajes que financian las actividades reguladas del sistema y que no dejaban de subir o bonificar el 85% del Impuesto de la Electricidad a las empresas electrointensivas.
Para este tipo de empresas electrointensivas existe la herramienta de gestión de la electricidad que en España, hasta el año pasado, se fijaba administrativamente. Se estableció un sistema de subastas que gestiona el operador del sistema (REE) bajo la supervisión de la CNMC que establece un mecanismo competitivo al cual puede presentarse todas las empresas que sean electrointensivas.
Servicio de interrumpibilidad
El servicio de interrumpibilidad consiste en reducir la potencia activa demandada por los grandes consumidores de electricidad en respuesta a una orden dada por Red Eléctrica como Operador del Sistema. De esta forma, al reducir los grandes consumidores de electricidad su consumo ante una situación de emergencia, permiten mantener el equilibrio entre generación y demanda, para que así al resto de los consumidores no les falte electricidad. Por este servicio, los grandes consumidores perciben a cambio una retribución económica.
El mecanismo de subastas permite así la efectiva prestación del servicio y su realización al menor coste posible para el sistema eléctrico. La realización de subastas supone un mecanismo de asignación más competitivo y eficiente que anterior, por el que se fijaba una cantidad administrativamente, que percibían todas las empresas acogidas al sistema de interrumpibilidad.