El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado alegaciones al borrador de Real Decreto estatal por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
El Gobierno municipal entiende el autoconsumo y autoproducción como una herramienta esencial para combatir la pobreza energética y defiende el impulso de tecnologías de eficiencia como una vía más para garantizar el acceso al derecho a la energía.
En cambio, el borrador elaborado por el Gobierno español pone trabas a la promoción de estas políticas. Por estos motivos, la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha entregado este martes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una serie de consideraciones contrarias a la propuesta del Ejecutivo central.
El documento de alegaciones constata que el proyecto va en contra de las directrices europeas que quieren incentivar la eficiencia energética y las energías renovables, ya que incorpora barreras administrativas, económicas y técnicas que limitan notablemente este estímulo.
En cuanto a las barreras administrativas, se señala el hecho de que el decreto exige al autoconsumidor que solicite conexión a la red tanto si inyecta como si no inyecta energía. Además, la conexión a la red la debe facilitar o denegar la empresa distribuidora y actualmente este trámite requiere más de seis meses, un período demasiado largo que desmotiva la inversión.
El decreto supone también impedimentos económicos al autoconsumo eléctrico, ya que contempla grabar esta práctica. El Ayuntamiento rechaza que un autoconsumidor tenga que pagar un peaje por una energía que no demanda en la red y que genera él mismo. Sería lo mismo, se explica en las alegaciones, que si a un usuario que utiliza luz natural para leer se le obliga a pagar por la energía que habría consumido si hubiera encendido una bombilla. Esto se ve agravado por el hecho de que el peaje que hay que pagar por una energía ni consumida ni demandada podrá ser superior al que se aplica para la energía demandada.