El sector eólico en España instala 38 MW nuevos en 2016

Turbina de aerogenerador.

La potencia eólica aumentó en 2016 en España en 38 MW, lo que situaba el total, a 31 de diciembre, en 23.026 MW, según los datos recabados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) utilizando el criterio de Acta de Puesta en Servicio. La patronal del sector eólico lamenta que en los últimos tres años, sólo se han instalado en el país 65 MW de esta energía, frente a los 2.334 MW del trienio anterior.

En el conjunto del año, la eólica generó 47.721 GWh, una cantidad muy similar a la de 2015, y abasteció de electricidad al 18,4% de los españoles, según datos provisionales del operador del sistema, REE.

De la cantidad instalada en 2016, el 84%, (32 MW) corresponden a parques de Castilla y León que ya estaban inscritos en el antiguo Registro de Preasignación y no han sido instalados antes por problemas ajenos a los promotores, lo que les da derecho a la retribución de las instalaciones anteriores a la Reforma Energética. El resto corresponde a los primeros megavatios instalados del cupo canario (4,6 MW) y a una repotenciación en Galicia (2,1 MW).

El sistema de subastas, clave para la reactivación del sector eólico

Según indica AEE en un comunicado, estos datos feflejan la parálisis en la que se encuentra sumido el mercado desde que entró en vigor la Reforma Energética y que ha obligado a los fabricantes de aerogeneradores y componentes presentes en España a exportar prácticamente el 100% de lo manufacturado en el país en los últimos tres años, lo que complica su permanencia en el país. Según la Planificación Energética 2015-2020, el Gobierno considera que España necesita 8.500 MW renovables para cumplir con los objetivos europeos a 2020, de los que 6.400 MW (el 75%) deberían ser eólicos.

Las miradas se dirigen ahora hacia la subasta de 3.000 MW renovables anunciada por el Gobierno que, si estuviese bien orientada, podría poner fin a la parálisis de las inversiones. El diseño final de esta subasta será clave, apunta AEE, quien aboga por un sistema que garantice no sólo el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la UE de cara a 2020 y 2030, sino que también contribuya a la reactivación de la economía de las diferentes comunidades autónomas y a la creación de empleo industrial.

 
 
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