Redes Inteligentes es el nombre que recibe la línea de ayudas aprobada por la Junta de Andalucía y dotada con 27 millones de euros para desarrollar las Smart Grids en los municipios de la Comunidad Autónoma. A las ayudas pueden acceder ciudadanos particulares, autónomos, empresas, administraciones públicas y otras entidades, mediante solicitud hasta el próximo 25 de septiembre.
Las bases de la convocatoria, publicadas el 3 de agosto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, incluyen financiación a iniciativas como la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos o la mejora de la calidad del suministro.
Instalaciones de Smart Grids
Esta línea, cuyas coberturas oscilan entre el 20% y el 80% para inversiones mínimas de 3.000 euros, desarrolla objetivos recogidos en la Estrategia Energética de Andalucía a 2020, la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 y el plan de impulso al desarrollo inteligente del territorio AndalucíaSmart.
En materia de Smart Grids, las ayudas respaldarán medidas como la realización de estudios sobre demanda energética, implantación de herramientas TIC para la gestión de la misma o proyectos de incorporación de equipos e instalaciones de redes inteligentes.
La mejora de la calidad del suministro eléctrico se incentivará a través del apoyo a inversiones en las zonas que presentan peores índices de calidad, especialmente las rurales, con prioridad para generación con fuentes renovables. De esta forma se facilitará una infraestructura básica para las actividades productivas y urbanísticas.
Finalmente, las ayudas a la descarbonización del transporte se centrarán en la infraestructura de recarga de vehículos alternativos (a gas, eléctrico o hidrógeno) para ciudadanos, empresas y ayuntamientos, y en la adquisición o transformación de vehículos energéticamente eficientes (a gas o GLP, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, de pila de combustible o que usen biocombustibles) para flotas públicas de servicios de seguridad, sociales, educativos, de salud, de limpieza y de transporte de pasajeros, entre otros. Las inversiones mínimas requeridas bajan de 3.000 a 500 euros en el caso de las relativas a instalaciones para uso de fuentes y vectores energéticos alternativos a los tradicionales.