El proceso de consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha recibido numerosas contribuciones y, entre ellas, las sugerencias de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, conocida por sus siglas APPA, que solicita un marco regulatorio estable y predecible que contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables pasadas y futuras.
Solicitan que la nueva Ley garantice que no se repetirán errores del pasado y cambios legislativos retroactivos y se pide una planificación energética vinculante, que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones.
Reparto de consecución de objetivos europeos
Para la APPA, hasta ahora, la generación eléctrica renovable ha asumido hasta el momento gran parte de los objetivos marcados por la Unión Europea, algo que no considera adecuado. Creen que es necesario establecer objetivos «vinculantes, ambiciosos y alcanzables» de penetración de renovables y descarbonización, no solo en el sistema eléctrico sino también en sectores difusos.
En este sentido creen que la climatización y el transporte sostenible serán claves para acometer con éxito la Transición Energética, y añaden que los esfuerzos deben ser distribuidos de forma proporcional y equitativa entre los diferentes sectores económicos para no perjudicar a ninguno en especial. La Asociación también ha resaltado la necesidad de que la Ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas Comunidades Autónomas.
Fiscalización de las empresas que contaminen
Por otra parte, la Asociación cree que la Ley debe introducir una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes y beneficie a la generación renovable. «Las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes”, declara José María González Moya, director general de APPA Renovables, “si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados”.