La Fundación Renovables ha presentado el pasado 14 de marzo Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales, un informe que recoge más de 200 medidas que deben adoptarse, tomando el año 2030 como referencia.
Este documento realiza un análisis que abarca acciones vinculadas a la demanda (actuaciones urbanas, pobreza energética, edificios, movilidad, transporte y autoconsumo), a la oferta (Plan de Energías Renovables, plan del cierre del carbón y nucleares) y otras transversales (reforma del sector eléctrico, la fiscalidad como herramienta prioritaria y la participación ciudadana).
Electrificación de la demanda y de la movilidad
El informe propone un Plan de Rehabilitación Energética de Edificios. Para la electrificación de la demanda, en lo que concierne a los edificios, se contemplan numerosas actuaciones entre las que destacan la eliminación del consumo de combustibles fósiles con una apuesta por sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor, la prohibición de sistemas de calefacción con calderas de carbón a partir de 2021 y con calderas de gasóleo a partir de 2025.
En cuanto a la movilidad, la Fundación plantea como objetivo minimizar las necesidades de transporte por servicios de cercanía, con prácticas de mínimo consumo y emisiones, abandonando progresivamente los vehículos de combustión interna. El planteamiento se basa en una actuación modal en la que la peatonalización, el fomento del uso de la bicicleta y del transporte público, la total electrificación de la red ferroviaria en 2015 y la implantación del vehículo eléctrico (para uso compartido prioritariamente) sean los principales ejes.
Así, se fija para 2025 la prohibición de la circulación de vehículos diésel en la ciudad y en 2030 que el 60% de los nuevos vehículos sean eléctricos, lo que supondrá alcanzar una cuota del 30% de los vehículos en circulación (5 millones de vehículos eléctricos) con una reducción del parque automovilístico de un 15%.
Generación distribuida
Respecto al autoconsumo, la Fundación Renovables se reafirma en exigir la derogación del Real Decreto 900/2015, en simplificar los procedimientos administrativos y en fomentar la incorporación de baterías y, especialmente, el desarrollo del autoconsumo compartido. El objetivo es que en 2030 la generación distribuida alcance el 10% de la cobertura de la demanda de electricidad.
Su modelo de oferta energética tiene su base en el desarrollo de las energías renovables, con el objetivo de que cubran en 2030 el 50% de la demanda final de energía y el 80% de la generación de electricidad, lo que multiplica por tres la producción eléctrica con energías renovables. De acuerdo a esta previsión, la generación de energía eléctrica con renovables debe alcanzar en ese año los 297 TWh, lo que supone un incremento con respecto al año 2015 de 194 TWh.
Medidas transversales
Otra de las prioridades de la Fundación Renovables es la reforma urgente del sector eléctrico y, entre otras medidas como la corresponsabilidad de los sectores del petróleo y del gas en soportar los costes de los cumplimientos de los objetivos a 2020. Se propone que la tarifa eléctrica debe ser monómica y progresiva, de forma que su precio horario se defina solo en función de la energía eléctrica que se consuma, transformando los costes fijos en variables.
En el ámbito de la fiscalidad, señala que es necesario utilizar la política fiscal como herramienta para favorecer aquellas prácticas que se deben fomentar y penalizar las que se quieran limitar. Así, una de las principales medidas consiste en modificar el Impuesto Especial de Hidrocarburos, aumentando el gravamen de los combustibles derivados del petróleo líquido (5 céntimos por litro) y del gas natural (1 euro por MWh).
Con este aumento, la Fundación Renovables prevé que se puedan recaudar aproximadamente 3.500 millones de euros que servirán para llevar a cabo el desarrollo de planes urbanos, la rehabilitación de viviendas, la sustitución de calderas por bombas de calor, el progreso en domótica o instalaciones de recarga para vehículos eléctricos, entre otras actuaciones.
El último capítulo sobre participación ciudadana incluye varias medidas que, se deben implementar para lograr una implicación de la sociedad real y efectiva en el cambio de modelo energético. Entre ellas se encuentran la comunicación clara de todas las administraciones públicas en cuestiones energéticas, la implantación de diseños curriculares para todos los niveles educativos y la difusión de buenas prácticas para empresas y ciudadanos.