La desestimación de los recursos interpuestos contra los pliegos técnicos del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica renovable para el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos «es una muy buena noticia para la responsabilidad social y la contratación pública responsable municipal, que puede servir de precedente para otras muchas administraciones». Así lo ha asegurado el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, el pasado 23 de abril.
El pasado 18 de abril el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid desestimó los recursos presentados por Gas Natural, Endesa e Iberdrola contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del citado acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica, dando la razón al consistorio madrileño. La sentencia es firme en la vía administrativa.
Los pliegos del acuerdo fueron aprobados hace poco más de un mes en Junta de Gobierno, el 1 de marzo, y corresponden a cuatro lotes de energía eléctrica por un importe de 82 millones de euros. El objeto del acuerdo marco es el suministro de energía renovable y su acceso a redes para edificios municipales y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, energía eléctrica renovable para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020.
El acuerdo facilita el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas, incorpora criterios de eficiencia energética y de inclusión social, y recoge la exigencia de que la energía comercializada sea de origen 100% renovable.
Certificación A
Jorge García Castaño ha recordado que el acuerdo marco incorpora como criterio de solvencia técnica la certificación A emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de que la energía comercializada es de origen 100% renovable. De acuerdo con el informe publicado el 27 de abril de 2017 por la CNMC (y así lo recoge también la sentencia del Tribunal Administrativo), 76 empresas comercializadoras suministran energía 100% renovable, siendo empresas de tamaño grande, mediano y pequeño. Esto supone el 64% de las comercializadoras.
La contratación de una energía más limpia y lo más respetuosa con el medio ambiente, ha subrayado el delegado, constituye una línea prioritaria y transversal a la acción de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, tal y como ha quedado recogido en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid aprobado definitivamente en septiembre de 2016.
Para García Castaño, la resolución judicial constituye un paso importante de ratificación a las políticas medioambientales del Consistorio, puesto que, además de generar menos emisiones, «generamos un entorno empresarial y social que favorece los objetivos del Plan A», cuyas medidas también se enmarcan en los compromisos adquiridos por el conjunto de la comunidad internacional en el marco del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.