El Consejo de Ministros del viernes 22 de febrero, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que será el marco normativo e institucional que facilite y oriente la descarbonización de la economía española a 2050, tal y como establece la UE y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París. El nuevo marco estratégico de energía y clima establece un objetivo anual de capacidad instalada e incluye subastas de renovables de al menos 3.000 MW al año.
Tras este trámite, el anteproyecto será sometido a información pública como a informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado, y, una vez incorpore las aportaciones resultantes de este proceso, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación.
Este anteproyecto de ley constituye un marco normativo que aporta estabilidad y certidumbre para orientar la descarbonización de los diferentes sectores de la economía española a 2050 y facilitar una transformación gracias a la cual el país ganará en prosperidad, seguridad, generación de empleo, innovación, desarrollo tecnológico y justicia social, según indica el Ministerio de Transición Ecológica en el comunicado emitido tras la sesión del Consejo de Ministros.
Impulso a las renovables
El anteproyecto de Ley da un impulso decidido a las energías renovables. Para ello, se establece un objetivo anual de capacidad instalada, que podrá ser revisado, pero que incluye subastas de renovables de al menos 3.000 megavatios (MW) al año.
Además, el texto da un mandato al Gobierno para desarrollar nuevos marcos retributivos para la generación renovable, basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimientos de concurrencia competitiva, en los que se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.
Movilidad eléctrica
Uno de los vectores clave del nuevo marco normativo es la movilidad sostenible. Para ello, el anteproyecto establece que el Gobierno trabajará para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos y se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), medidas que faciliten la penetración de los vehículos eléctricos.
Entre las medidas, se citan instrumentos de apoyo a la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento a este sector. Se creará también una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento para este proceso, con la participación de todos los agentes implicados.
Paralelamente, el Gobierno elaborará una “Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada” que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años.
Para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios, la propuesta normativa indica que las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos (aquellas que en el año 2018 tengan un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros) deberán contar con, al menos, una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW.
Recursos económicos para la transición energética
Con el fin de incentivar una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático, se establece que al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto positivo en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono, exceptuando los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, así como los gastos que, por su propia naturaleza, no tienen incidencia directa en el cambio climático. Este objetivo se revisará al alza antes de 2025.
Por otro lado, a partir de 2020, los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, y las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año podrán destinar hasta el 30% de los mismos a medidas de acompañamiento para la transición justa.
Plan Integrado de Energía y Clima y Estrategia de Transición Justa
El Marco estratégico de Energía y Clima cuenta con otros dos pilares fundamentales para asegurar una transición ordenada y solidaria, que también han recibido luz verde del Consejo de Ministros. Se trata del primer borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 2021-2030 y de la Estrategia de Transición Justa.
El borrador del primer PNIEC (2021-2030), que ha sido remitido este mismo viernes a la Comisión Europea, es la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja la contribución de España a la consecución de los objetivos establecidos en el seno de la Unión Europea. También recoge los esfuerzos que tienen que hacer todos los sectores a 2030 (energético, industrial, transporte, agricultura, residencial, residuos, así como las aportaciones de los sumideros naturales).
Por su parte, la Estrategia de Transición Justa optimizará las oportunidades de empleo para que ningún territorio ni trabajador se vea afectado por la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.