La Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos de Alta y Media Tensión (AFBEL) ha anunciado que antes del 9 de agosto va a presentar sus alegaciones a los proyectos de circulares relativos a la metodología de cálculo de tasas de retribución de las inversiones en redes para el periodo regulatorio 2020-2025, publicados recientemente por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).
En un comunicado de la Asociación, destacan que la integración masiva de fuentes renovables, el autoconsumo y generación distribuida, la electrificación de transporte en general y el despliegue de infraestructura de carga del vehículo eléctrico, elevan sustancialmente el nivel de exigencia sobre la red de distribución y conllevan el refuerzo y la digitalización de la misma.
Apuntan que el PNIEC valora en más de 40.000 millones de euros la necesidad de inversión en red hasta 2030. Solo mediante la adecuada y justa incentivación de la inversión, a través de una tasa de retribución adecuada, se podrán sentar las bases de una red de distribución adaptada a los retos de la descarbonización, subrayan desde AFBEL.
Sin embargo, consideran que la propuesta de la CNMC “no solo propone una importante bajada de la tasa de retribución de la inversión, sino que aplica a las ineludibles inversiones en digitalización de la red el mismo factor reductor que aplica a los costes de operación y mantenimiento”.
Desde AFBEL estiman que ambos factores van a desincentivar la inversión poniendo freno a la necesaria modernización de la red de distribución y al desarrollo de las tecnologías del sector. En este sentido, AFBEL ofrece a la CNMC colaborar en un desarrollo regulatorio que asegure la adecuación de las infraestructuras de red y el desarrollo del sector.
El plazo para remitir observaciones a las propuestas de la CNMC finaliza el 9 de agosto de 2019. Una vez finalizado el trámite de consulta pública, la CNMC analizará las alegaciones de los agentes y aprobará las circulares normativas definitivas antes del 1 de enero de 2020. Los cambios tendrán efecto en el próximo periodo regulatorio, que comienza en 2020 y finaliza en 2025.