Un total de 55 proyectos de instalaciones de energía solar fotovoltaica han sido seleccionados para su ejecución en la primera convocatoria del ‘Programa para la promoción de la energía solar fotovoltaica en las Islas Baleares” (SOLBAL) que gestiona IDAE. En total, estos proyectos suman una potencia de 326 MW. El plazo de ejecución finaliza en el año 2022.
La resolución provisional de la convocatoria fue firmada por la Dirección General del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energia (IDAE) el pasado miércoles 16 de octubre y será comunicada inmediatamente a los beneficiarios.
Baleares dispone de un total de 38 parques fotovoltaicos, 35 de los cuales se localizan en Mallorca, 2 en Menorca y 1 en Formentera. La puesta en marcha de los 55 nuevos proyectos incrementará en un 7,5% la aportación de energía solar al mix eléctrico de esta comunidad autónoma, pasando del 2,5% actual al 10% futuro. En el caso de la isla de Menorca el porcentaje se situará en el 20%.
La resolución de esta convocatoria impulsa la generación distribuida en las islas, ya que la mayoría de los proyectos son de una potencia inferior a los 10 MW.
Inversión y ayudas
Del total de la inversión requerida, que asciende a 260,5 millones de euros, estos proyectos han recabado ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) por un importe de 40 millones de euros en concepto de cofinanciación.
La promoción de las energías limpias en los territorios insulares constituye uno de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Este programa reconoce el potencial de estos territorios para protagonizar su propia transición energética. Además, el PNIEC destaca la oportunidad que ofrece la singularidad de las Baleares para erguirse como campo de pruebas para tecnologías o políticas que puedan exportarse al resto de la Península.
Por su parte, el Programa SOLBAL se enmarca en el objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica de promover estrategias de energía sostenible en las Islas Baleares y Canarias, en colaboración con los respectivos gobiernos autonómicos e insulares. De esta manera se busca reducir los correspondientes sobrecostes energéticos que implica la singularidad de los territorios insulares.