El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE) ha comenzado la recta final de su tramitación administrativa. El nuevo borrador del anteproyecto fue presentado el 10 de febrero al Consejo Asesor de Medio Ambiente, principal órgano de encuentro y participación entre la Administración General del Estado y los sectores sociales y económicos relevantes para el medio ambiente.
El nuevo texto se compone de 37 artículos, frente a los 28 del texto anterior. Estos artículos están distribuidos en nueve títulos, antes ocho. El nuevo título está dedicado a la gobernanza y la participación pública, estableciendo un Comité de Cambio Climático y Transición Energética, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas en materia de Clima y Energía, elaborando un informe anual que será remitido al Congreso de los Diputados.
Informe del operador del sistema eléctrico
El nuevo texto incorpora la obligación al operador del sistema eléctrico para que cada dos años elabore un informe en el que se lleve a cabo una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su estrategia y su planificación financiera.
Asimismo, y de acuerdo con la estrategia de descarbonización a 2050, el Gobierno podrá requerir al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores la elaboración y presentación de una estrategia de descarbonización en su ámbito de actuación. En ella, se podrán anticipar nuevas soluciones y adaptaciones necesarias en el marco regulatorio.
De esta manera, se amplían las entidades que deben evaluar el riesgo climático al que está sometida su actividad. El anteproyecto que llegó al Consejo de Ministros en febrero de 2019, ya establecía que las entidades admitidas a negociación en mercados regulados, entidades de crédito, entidades aseguradoras y reaseguradoras y sociedades por razón de tamaño han de presentar un informe en el que hagan una evaluación del impacto de los riesgos asociados al cambio climático generado por la exposición a éste de su actividad.
Impulso a las energías renovables
El anteproyecto de ley da un impulso decidido a las energías renovables. Se establece que desde 2021, se convocarán subastas para impulsar la construcción de al menos 3.000 MW de instalaciones renovables. El producto subastado será la energía y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía, con el fin de que el resultado de las subastas impacte positivamente en el precio que abonan los consumidores por la electricidad.
Asimismo, se otorga mayor flexibilidad favoreciendo la hibridación de las instalaciones y el aumento de potencia dentro de la capacidad máxima de acceso.
Infraestructuras de recarga rápida de vehículos eléctricos
Entre otras cosas, el nuevo anteproyecto también establece que las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos, o aquellas que acometan una reforma que requiera revisión de su título administrativo, deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua, con el objeto de que la recarga del vehículo sea rápida.
Asimismo, el texto introduce obligaciones de instalar al menos un punto de recarga rápida en aquellas estaciones de servicio que, por tener un volumen de ventas superior a los 5 millones de litros de gasóleo y gasolina, disponen en principio de mayor capacidad económica y financiera para hacer frente a la inversión requerida.
Para favorecer la implantación del vehículo eléctrico, el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga, así como el Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes.
Transición energética y neutralidad climática
Por otro lado, el documento del anteproyecto amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad final, que será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, será en cualquier caso superior a la anteriormente fijada (20%).
El anteproyecto mantiene las dos grandes referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: 2030 y 2050. Los objetivos que se establecen marcan un suelo que se podrá mejorar al alza con los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima. Así, en 2030, la meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 20% con respecto a 1990.
El nuevo texto se fija, también para 2030, generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.
El anteproyecto de ley y el PNIEC son dos de los grandes pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, dos instrumentos complementarios entre sí.
Tras su presentación al Consejo Asesor de Medio Ambiente esta semana, el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética será tratado en la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y por el Consejo de Estado, paso previo a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.