Los resultados del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), incorpora por primera vez los datos de consumo y gastos de las facturas de electricidad. Según los datos recopilados, en diciembre de 2019, los hogares españoles gastaron en promedio 57,9 euros en suministro eléctrico. Estos datos excluyen a los hogares con una factura dual de electricidad y gas natural, incluyen a hogares con bono social y reflejan la situación antes del estado de alarma provocado por la pandemia de COVID-19.
Según los resultados del Panel, los consumidores en mercado libre cuentan con una potencia contratada promedio de 4,3 kW y el gasto promedio mensual en suministro eléctrico era de 63 euros al mes, sin contar los gastos de otros servicios facturables como seguros o cuotas de mantenimiento.
Por parte del mercado regulado (PVPC), los usuarios cuentan con una potencia promedio de 4,1 kW y aquí se encuentra el colectivo de clientes beneficiarios de descuentos por el bono social eléctrico. A finales de 2019, el gasto por mes de un hogar cliente del mercado regulado era de 51,6 euros y de 48,9 euros los hogares con bono social.
Sin embargo, si se asignan los precios regulados de potencia y consumo eléctrico en el mercado regulado a los consumos promedios obtenidos de las facturas del mercado libre, se obtiene un gasto de 50,5 euros, es decir 12,5 euros menos (un 20% menos) que lo facturado en promedio a los hogares del mercado libre.
Además, según los datos del Panel, en un 25% de los casos, las facturas de los hogares que contratan en el mercado libre incluyen importes por servicios adicionales como un seguro de electricidad o electrodomésticos o servicios de mantenimiento eléctrico. En las facturas que incluyen estos servicios, el desembolso promedio por estos servicios es de 5 euros al mes.
Cambio de oferta de electricidad
Por otro lado, los datos también aportan información sobre los hogares que cambiaron de oferta de electricidad que fue de un 15,8%, durante 2018 y 2019. Durante estos dos años los cambios de oferta como resultado de la venta puerta a puerta rondaron el 10% de los casos, y disminuyeron considerablemente con respecto del dato de finales de 2018, con una caída del 38,8%.
A finales de 2018, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prohibió este tipo de venta mediante el Real Decreto-ley 15/2018, de medidas urgentes, salvo que exista una petición expresa por parte del cliente y a propia iniciativa. No obstante, los suministradores han aumentado su esfuerzo de comercialización telefónica y este tipo de venta ha aumentado un 35,7%.
La gran mayoría de los hogares comprendieron las condiciones de la nueva oferta que suscribieron, pero alrededor de un 13% declara no entenderlas, algo menos que lo obtenido en 2018, que fue un 16,5%. Además, alrededor de un 14% de los hogares manifiesta que las ventajas ofertadas finalmente no se cumplieron, mientras que el 8% aproximadamente encontró en su factura servicios adicionales que no anticipaba cuando contrató el servicio.