La inversión global en energía renovable aumentó entre 2013 y 2018, alcanzando su máximo de 351.000 millones de dólares americanos (USD) en 2017. Sin embargo, si bien se invirtieron 1,8 billones de USD en ese periodo, resulta insuficiente para lograr los compromisos climáticos mundiales, según indica el nuevo informe ‘Global Landscape of Renewable Energy Finance‘ (‘Panorama global de la financiación de energías renovables’) elaborado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) y la Iniciativa de Política Climática (Climate Policy Initiative, CPI).
La inversión en energía renovable se redujo ligeramente en 2018, con un modesto crecimiento en 2019. Esta reducción fue debida en gran parte a la disminución de los costos de las energías renovables, aunque la capacidad instalada total siguió creciendo. El informe señala que la inversión sigue siendo insuficiente para lograr los objetivos climáticos y que para ello la inversión en diversas tecnologías de energías renovables debería casi triplicarse, alcanzando hasta 800.000 millones de USD al año.
Compromiso político y medidas habilitadoras
El informe subraya la necesidad de compromisos más ambiciosos de los gobiernos, respaldados por medidas de apoyo como apartar los subsidios de los combustibles fósiles. También se necesitarían más inversiones en la integración de sistemas y tecnologías habilitadoras que aumenten la flexibilidad del sistema, como baterías y almacenamiento de energía. Con ese fin, se necesitan políticas que permitan la integración de nuevas adiciones de capacidad renovable en los sistemas energéticos, que conduzcan a su descarbonización y traigan amplios beneficios socioeconómicos.
La agenda post-COVID de Irena mostró que las inversiones anuales promedio de 2 billones de USD en energías renovables y otras tecnologías relacionadas con la transición energética en la fase de recuperación 2021-2023 podrían crear 5,5 millones de empleos adicionales en el sector. Así, se crearían 19 millones de empleos adicionales en 2030 relacionados con la transición energética, como consecuencia de unas inversiones anuales promedio de 4,5 billones de USD hasta 2030.
Fondos públicos y privados
La mayoría de estas inversiones podrían provenir de fuentes privadas, si los fondos gubernamentales se utilizan estratégicamente para impulsar las decisiones de inversión y financiación en la dirección correcta. Los fondos públicos podrían movilizar las inversiones privadas en un factor de 3 a 4 si se utilizan estratégicamente para orientar las inversiones hacia soluciones de energía limpia.
Una mayor participación de los inversores institucionales, que poseen alrededor de 87 billones de USD en activos, ayudaría a alcanzar el nivel de inversión global necesario. Para ello, es clave promover el uso de soluciones del mercado de capitales, como los bonos verdes, que atiendan las necesidades de estos inversores. Irena aborda de manera más extensa el potencial de los inversores institucionales para la transición energética global en otro informe publicado este mes.
Tecnologías renovables fuera de la red
El informe sobre el panorama de financiación de este año analiza por primera vez los compromisos financieros con las tecnologías renovables sin conexión a la red en los mercados en desarrollo, ya que pueden servir para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 sobre el acceso universal a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 2030.
Con soluciones energéticas rentables, las energías renovables fuera de la red son esenciales en un momento en el que el acceso a la energía es crucial para alimentar las instalaciones sanitarias y crear puestos de trabajo. Mientras las inversiones en soluciones de energías renovables fuera de la red continuaron creciendo, alcanzando un máximo histórico de 460 millones de USD en 2019, es necesario desbloquear capital adicional especialmente para actividades generadoras de ingresos y usos productivos para mejorar los medios de vida y la resiliencia de miles de millones de personas, y para promover beneficios socioeconómicos.
El informe de Irena sostiene que, de cara al futuro, los responsables de la formulación de políticas deben manifestar un compromiso político a largo plazo y mejorar las asociaciones con el sector privado para impulsar la confianza de los inversores y atraer capital privado adicional al sector. A tal efecto, el informe presenta cinco recomendaciones específicas que los responsables políticos deben implementar para involucrar a los actores del sector privado, incluidos los inversores institucionales, los actores del mercado de capitales y las empresas no productoras de energía, en el camino colectivo hacia la recuperación verde y los objetivos climáticos.