El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas para incrementar los beneficios económicos y sociales del despliegue de plantas renovables y de almacenamiento en los territorios donde se ubiquen, y para prevenir y reducir sus eventuales impactos ambientales.
Con las nuevas medidas, los concursos que se celebren para conceder el acceso a la red eléctrica, además de los criterios ya contenidos en la actual normativa, podrán ponderar elementos como la generación de empleo o la reinversión de los beneficios en las zonas de los futuros proyectos, así como la sensibilidad ambiental del emplazamiento.
Nuevos permisos de acceso a las redes
El Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes eléctricas, contempla la celebración de estos concursos aplicando criterios temporales que prioricen los proyectos más maduros, criterios relativos a la tecnología de generación y su integración en el sistema eléctrico, y criterios de innovación en el caso de centrales menores de 30 MW.
Los nuevos permisos de acceso a las redes se otorgarán mediante un proceso de concurrencia competitiva en todos aquellos nudos de la red de transporte de la península en que aflore una capacidad superior a los 100 MW y de 50 MW en el territorio no peninsular, cuando se cumplan ciertos requisitos relativos a la demanda de solicitudes previas y así se decida por resolución de la Secretaría de Estado de Energía. En el caso de que haya una potencia menor, se aplicará la prelación temporal de las solicitudes.
La medida coincide con la publicación, el próximo 1 de julio, de la capacidad de acceso disponible en los nudos de las redes de distribución y la reanudación del otorgamiento de los permisos para nuevas instalaciones renovables, suspendido desde junio de 2020 mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diseñaban la nueva normativa de acceso y conexión a la red, recientemente culminada.
Criterios socioeconómicos y ambientales
Con la nueva regulación, estos tres criterios (madurez, tecnología e innovación) podrán complementarse con otros sociales y económicos ligados al ámbito local, como la generación de empleo, el impacto en la cadena de valor industrial o la participación de inversores, empresas y administraciones. Además, se valorará la existencia de mecanismos para reinvertir los beneficios en la zona donde se ubiquen las instalaciones.
Adicionalmente, los concursos de acceso podrán tener en cuenta el eventual impacto ambiental de las instalaciones aplicando una puntuación en función del grado de afección y considerando la clasificación de la ‘Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica’ elaborada por el Miteco. Esta medida es adicional a los estudios de impacto ambiental exigidos durante la fase de tramitación de los proyectos.
Red Eléctrica de España (REE), como operador del sistema eléctrico, analizará la capacidad disponible en cada nudo, atendiendo a criterios técnicos de seguridad. Cada mes remitirá un informe al Miteco sobre la capacidad que aflore, ya sea por la planificación de nuevos nudos, por el desistimiento de proyectos o incumplimiento de los hitos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020 (pueden no superar la Evaluación de Impacto Ambiental), o, como ha sucedido ahora, por un cambio en la metodología para el cálculo de la capacidad disponible. El Miteco dispondrá de dos meses para anunciar la reserva de la capacidad a concursar, que se convocará en los siguientes diez meses.
El Miteco quiere así maximizar la protección del entorno natural y la diseminación de la riqueza que produce el desarrollo de la generación limpia por todo el territorio nacional, beneficiando especialmente a las poblaciones que ofrecen sus capacidades endógenas para desarrollar renovables, y contribuyendo con ello a afrontar mejor el reto demográfico.