El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones de euros y una inversión privada de 19.700 millones. El PERTE VEC se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que ha recibido esta semana el visto bueno por el Consejo Europeo.
El PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado ha sido aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. El objetivo es crear el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el Hub Europeo de electromovilidad. Se destinarán 3.000 millones de euros a nuevos modelos de vehículo eléctrico e híbrido en plantas adaptadas al objetivo de neutralidad climática previsto para el año 2050. Otros 40 millones serán para un plan tecnológico en el sector, una tercera parte se dedicará a la formación y recualificación de los trabajadores, y un cuarto eje a facilitar el acceso a los consumidores finales a estos nuevos vehículos.
Se trata de un proyecto basado en la colaboración público-privada para fortalecer las cadenas de valor de la industria de automoción español. España se sitúa como el segundo fabricante europeo de vehículos y el noveno a nivel mundial. Representa el 11% de la cifra de negocios del total industrial. Según los cálculos del Gobierno, la creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo y la contribución al PIB se situaría entre el 1% y el 1,7%. Otros impactos esperados supondrían alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos matriculados en 2023, y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados en toda la red.
Impulso de la cadena de valor del vehículo eléctrico
El PERTE se compondrá de dos ámbitos de actuación complementaria: medidas transformadoras y medidas facilitadoras. Entre las medidas transformadoras de impulso de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, se recogen las actuaciones integrales de la cadena industrial, un plan tecnológico de automoción sostenible, un programa de espacios de datos sectoriales y un programa para integrar la inteligencia artificial en procesos productivos.
El otro ámbito de actuación se basa en medidas facilitadoras tanto para la creación de una nueva movilidad como para el desarrollo del vehículo eléctrico. En estas medidas, se incluyen el Plan Moves III, el programa Moves singulares, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos, la hoja de ruta del 5G y su despliegue, y medidas para la formación y cualificación profesional.
Plan Moves III
Tras un primer trimestre de 2021 que empezó con una caída del 15% con respecto a 2020 en la matriculación de todo tipo de vehículos, y una subida del 45% respecto al año anterior de la matriculación de vehículos electrificados, a principios de abril de 2021 se activó el programa Moves III. El plan cuenta en esta tercera edición con un presupuesto de 400 millones de euros ampliable a 800 millones, vigente hasta 2023, dirigida a la adquisición de vehículos eléctricos y de infraestructura de recarga.
El Plan Moves III otorga ayudas para la infraestructura de recarga, en particulares, autónomos, pequeñas o medianas empresas, comunidades de propietarios, en todas las modalidades de carga, desde vinculada hasta ultrarrápida. Para la adquisición de vehículo eléctrico se ofrecen hasta 1.300 euros por motocicleta, 7.700 euros por coche y 9.900 euros por vehículo comercial ligero. Mientras que para la instalación de infraestructura de recarga, la ayuda llega al 40% para grandes empresas, 50% para medianas empresas, 60% para pequeñas empresas y 80% para familias, comunidades de propietarios, autónomos y administración pública.
Por su parte, el programa Moves Singulares II cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros en 2021. Se proporcionan ayudas a proyectos singulares de innovación en movilidad eléctrica, incluyendo infraestructura singular de recarga, nuevos prototipos de vehículos, nuevos modelos de negocio ligados a la movilidad eléctrica, etc.
Normativa para la infraestructura de recarga eléctrica
Con el objetivo de garantizar la existencia de infraestructura de recarga eléctrica suficiente, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética introduce obligaciones de instalación de infraestructuras de recarga eléctrica con una potencia igual o superior a 150 kW o a 50 kW dependiendo del volumen de ventas en las estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo superen los 10 y 5 millones de litros anuales de carburantes, respectivamente, lo que implicaría el 10% de la red. La instalación debe llevarse a cabo en un plazo de 27 meses.
También en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se introduce la previsión de que el Código Técnico de la Edificación (CTE) establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso de aparcamiento con más de 20 plazas. Está en trámite una modificación del CTE para que, en 2023, todos los aparcamientos no residenciales de más de 20 plazas deban adaptarse para contar obligatoriamente con infraestructura de recarga.
Asimismo, con el fin de facilitar el despliegue de una red suficiente de estaciones de recarga de alta potencia, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras de recarga con potencia superior a 250 kW, de alta capacidad. El objetivo de esta medida es simplificar los trámites y tiempos necesarios para su aprobación, instalación y puesta en funcionamiento e impulsar la red de recarga ultrarrápida en las carreteras y en puntos públicos con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico.
Por último, cabe recordar que el pasado mes de abril se sometió a consulta pública el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos. En la actualidad, existe incertidumbre en España sobre el nivel de despliegue de infraestructura de recarga, ya que no existe un registro oficial. La tramitación de este nuevo marco normativo regulará la información a suministrar, y de esta manera permitirá poner a disposición del público la información de los puntos de recarga eléctrica para vehículos a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico en tiempo real. Se prevé que esta normativa entre en vigor a principios de 2022.
Fabricación de baterías y pilas de hidrógeno
La estructura del PERTE cuenta con bloques obligatorios, como la fabricación de equipos originales y ensamblaje, la fabricación de baterías y equipos de hidrógeno, y la fabricación de otros componentes del vehículo eléctrico.
En cuanto a la fabricación de baterías y pilas de hidrógeno, se considerará que se cumple con este bloque obligatorio si las propuestas presentadas crean o adaptan fábricas de producción de baterías de litio en España, o se crea en España capacidad de producción del sistema de alimentación eléctrica y tren de potencia. Asimismo, se deberá justificar que se crea capacidad de producción de pilas de hidrógeno.
Además, habrá otras actuaciones específicas, que se han identificado como bloques adicionales, que incluyan conectividad, microprocesadores, componentes del vehículo eléctrico inteligente, y fabricación de sistemas de recarga.
De forma paralela al fomento de la producción de vehículos eléctricos, se considera de importancia el adecuado despliegue de una infraestructura de puntos de recarga, que lleva aparejado necesariamente la fabricación de sistemas de recarga. En este bloque se incluyen las actuaciones para la fabricación de sistemas de recarga de vehículo eléctrico, y adicionalmente se valorarán tanto las actuaciones de I+D de sistemas de recarga como de sistemas de recarga rápida y ultrarrápida o recarga inalámbrica o sistemas bidireccionales que permitan convertir al vehículo eléctrico en un mecanismo de apoyo al sistema eléctrico, como sistema de almacenamiento distribuido. También se valorarán las actuaciones para una potencial segunda vida de baterías procedentes de vehículos eléctricos, así como soluciones de reciclado y aprovechamiento de materias primas.
El PERTE también incluye procesos transversales relacionados con la economía circular, la digitalización y la formación de trabajadores. En este ámbito, se contempla la puesta en marcha de una Academia para las Baterías, una iniciativa que permitirá la formación de unas 150.000 personas en los próximos años en los diferentes ámbitos relacionados con el desarrollo y fabricación de baterías para coches eléctricos. España será el primer país europeo, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), donde se despliegue la EBA250 Battery Academy.
Desarrollo del PERTE
Para el desarrollo del PERTE y su actuación integral sobre toda la cadena de valor se deberá constituir una agrupación de empresas con al menos, cinco empresas, que afecte al menos a dos comunidades autónomas, que el 40% de las empresas sean pymes, que haya una entidad proveedora de conocimiento (I+D+i) y las empresas acrediten inversión propia y compromiso con el empleo.
Además, está prevista la creación de una Alianza para el Vehículo Eléctrico y Conectado para contar con la participación de todos los actores relevantes con la representación de los ministerios implicados y la mesa de automoción donde están presentes las asociaciones representativas del sector de la automoción, los sindicatos y las Comunidades Autónomas.
Con el fin de garantizar la gestión eficiente del PERTE, el Gobierno proporcionará una ventanilla única, configurada como una página web específica para el acceso a la información y los procesos de gestión administrativa correspondientes. En ella se recogerá la información básica de las diferentes convocatorias.