El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado el gasto para materializar la primera prórroga del contrato centralizado de energía eléctrica verde que aglutina a la Administración autonómica, sus agencias administrativas y agencias de régimen especial. Este contrato fue licitado por el Gobierno regional durante 2019 y ha supuesto un ahorro de más de 40 millones de euros en la factura eléctrica en el último año.
Gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, bajo la figura de un Acuerdo Marco, el contrato afecta al suministro eléctrico de institutos de enseñanza secundaria, oficinas administrativas, hospitales, instalaciones deportivas, sucursales de empleo y edificios universitarios de titularidad de la Administración andaluza, que necesitan anualmente para atender sus necesidades energéticas casi 1.000.000 MWh de electricidad, el equivalente al consumo eléctrico de las ciudades de Almería y Jaén en todo un año.
En total, se gestionan más de 5.000 puntos de suministro eléctrico, cuyo consumo se factura a unos precios fijos, revisables anualmente, que no se han visto influidos por las fluctuaciones que se producen en el mercado de la electricidad. La prórroga con la empresa comercializadora adjudicataria del contrato centralizado entra en vigor a partir del próximo 31 de octubre.
A modo de ejemplo, atendiendo solo al último mes, la Junta de Andalucía ha pagado por cada megavatio hora consumido 150 euros menos de lo que marca el mercado mayorista de la electricidad. Tomando como referencia los últimos cinco meses, durante los que se ha producido un fuerte incremento del precio eléctrico, la Junta ha estado pagando de media 40 euros menos por megavatio hora.
De esta manera, el Gobierno andaluz ha evitado un sobrecoste en su factura eléctrica de más de 40 millones de euros en los últimos doce meses (sin contar con el impuesto eléctrico y el IVA).
Certificado de energía de origen 100% renovable
El actual contrato centralizado (Acuerdo Marco) de la Junta de Andalucía, que entró en vigor en octubre de 2019 y que se ha prorrogado hasta octubre de 2022, exige, por primera vez, energía verde con certificado de garantía de origen 100% renovable para toda la Administración regional, lo que ha obligado a la comercializadora adjudicataria a comprar electricidad a productores de energía renovable.
Esto redunda en una disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera que, según las estimaciones realizadas por la Agencia Andaluza de la Energía, será de unas 500.000 toneladas anuales, el equivalente al consumo de más de 270.000 viviendas durante un año.