El informe anual ‘Making the Transition to Zero-Emission Mobility’, elaborado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), analiza los avances de los vehículos propulsados por combustibles alternativos. La edición de 2021 señala que de los 225.000 cargadores públicos para vehículos eléctricos disponibles actualmente en la Unión Europea, 25.000 son rápidos, es decir, solo uno de cada nueve.
La Comisión Europea propuso el pasado mes de julio un Reglamento de Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR, por sus siglas en inglés). Se trata del componente central del paquete europeo de medidas climáticas ‘Fit for 55’, que también incluye nuevos objetivos de CO2 para los vehículos.
Para 2030 las emisiones de CO2 de los automóviles nuevos deberán ser un 55% menores en comparación con 2021, frente a la cifra del 37,5% establecida hace solo tres años. Para alcanzar este objetivo, los fabricantes de automóviles europeos tendrán que llevar al mercado millones de vehículos eléctricos durante los próximos años.
En este contexto, ACEA señala como los dos principales desafíos a resolver la falta de puntos de recarga en la Unión Europea y el hecho de que muy pocos son capaces de cargar los automóviles a una velocidad rápida.
Construcción de una densa red de infraestructura de recarga
De acuerdo con el informe ‘Making the Transition to Zero-Emission Mobility’ de ACEA, tan solo 25.000 de 225.000 puntos de recarga europeos son rápidos (con una capacidad de más de 22 kW), por lo que representan un 11% de la red de infraestructura europea. Este tipo de cargador permite recargar un vehículo eléctrico en menos de una hora, mientras que realizar esta tarea con cargadores de menos de 22 kW puede llevar toda una noche.
«La ciudadanía necesita ver muchos cargadores en su entorno diario y estos puntos de recarga deben ser rápidos y fáciles de usar, sin tener que esperar en largas colas». De esta manera, la asociación insta a construir una densa red de infraestructura de recarga con un número suficiente de cargadores rápidos en cada Estado miembro para 2030 con el fin de alcanzar los objetivos climáticos establecidos.