Los negociadores del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión han alcanzado un acuerdo político provisional sobre la revisión del Reglamento sobre redes transeuropeas de energía (TEN-E), existente desde 2013. La propuesta de renovación de esta normativa fue presentada por la Comisión en diciembre de 2020 con el objetivo de modernizarla y adaptarla a los objetivos del Green Deal. Si bien el acuerdo político acepta el principio general de que el reglamento ya no debe ofrecer apoyo a la infraestructura de combustibles fósiles, como propone la Comisión, los colegisladores acordaron permitir la combinación de proyectos durante un período de transición que finalizará en 2029.
Los elementos clave del acuerdo político incluyen fortalecer los escenarios de cooperación transfronteriza con la finalidad de acelerar la implementación de redes marinas como elemento clave de la transición energética, hacer hincapié en las redes eléctricas inteligentes, incluir redes de hidrógeno y establecer una evaluación de sostenibilidad obligatoria para todos los proyectos elegibles.
Otro cambio son las nuevas disposiciones sobre el apoyo a proyectos que conectan a la UE con terceros países, denominados Proyectos de interés mutuo (PMI), que contribuyen a los objetivos energéticos y climáticos de la UE en términos de seguridad del suministro y descarbonización, reconociendo su papel cada vez más importante en la transición energética.
Un reglamento adaptado al Green Deal
Las nuevas reglas también prevén un marco de gobernanza revisado para mejorar el proceso de planificación de las infraestructuras y garantizar que esté alineado con los objetivos climáticos de la UE y con los principios de integración del sistema energético, a través de una mayor participación de las partes interesadas a lo largo del proceso. También se pretende reforzar el papel de la Agencia de Cooperación de Reguladores de Energía de la UE (ACER) y mejorar la supervisión por parte de la Comisión Europea.
Además, las medidas apuntan a simplificar los trámites administrativos, acelerar la implementación de los proyectos, acortar los trámites de permisos de los Proyectos de Interés Común (PCI) para evitar retrasos en los proyectos que faciliten la transición energética, y fortalecer la transparencia y la participación en las consultas.
Tras el acuerdo político alcanzado en la tarde del 14 de diciembre, el texto debe ser aprobado ahora por el Consejo y el Parlamento Europeo antes de su adopción formal. Estas serán las normas que se aplicarán cuando la Comisión elabore la sexta lista de PCI, que se publicará en otoño de 2023.