La Comisión Europea ha adoptado una serie de propuestas legislativas para descarbonizar el mercado del gas de la UE facilitando la absorción de gases renovables y con bajo contenido de carbono, incluido el hidrógeno, y para garantizar la seguridad energética de todos los ciudadanos de Europa. También se han presentado propuestas para reducir las emisiones de metano y descarbonizar los edificios, con una revisión de la directiva sobre el rendimiento energético de edificios, además de adoptar una Comunicación sobre ciclos del carbono sostenibles, en la que se explica cómo aumentar las eliminaciones de carbono de la atmósfera.
Todas estas propuestas forman parte del paquete de medidas de la Comisión Europea ‘Fit for 55’ para cumplir con el Pacto Verde Europeo y la Ley Climática Europea, cuyo primer paquete fue adoptado en julio de 2021.
La Unión Europea necesita descarbonizar la energía que consume para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 y volverse climáticamente neutra para 2050, y estas propuestas aspiran a ayudar a lograr ese objetivo.
Las propuestas para descarbonizar el mercado del gas e hidrógeno de la UE (reglamento y directiva) crean las condiciones para un cambio del gas natural fósil a gases renovables y con bajo contenido de carbono, en particular biometano e hidrógeno, y refuerzan la resiliencia del sistema de gas.
Mercado para el hidrógeno
Uno de los principales objetivos es establecer un mercado para el hidrógeno, crear el entorno adecuado para la inversión y permitir el desarrollo de infraestructura dedicada, incluso para el comercio con terceros países.
Las reglas del mercado se aplicarán en dos fases, antes y después de 2030, y cubrirán en particular el acceso a las infraestructuras de hidrógeno, la separación de las actividades de producción y transporte de hidrógeno y la fijación de tarifas. Se creará una nueva estructura de gobernanza con la Red europea de operadores de red para el hidrógeno (ENNOH) para promover una infraestructura dedicada al hidrógeno, la coordinación transfronteriza y la construcción de redes de interconexión, y elaborar normas técnicas específicas.
La propuesta prevé que los planes nacionales de desarrollo de redes se basen en un escenario conjunto para la electricidad, el gas y el hidrógeno. Debería estar alineado con los planes nacionales de energía y clima, así como con el plan decenal de desarrollo de redes a nivel de la UE.
Gases renovables y de bajo carbono
Las nuevas reglas facilitarán el acceso de los gases renovables y de bajo carbono a la red de gas existente, al eliminar las tarifas para las interconexiones transfronterizas y reducir las tarifas en los puntos de inyección. También se crea un sistema de certificación de gases bajos en carbono, para completar el trabajo iniciado en la Directiva de Energías Renovables con la certificación de gases renovables.
Para evitar encerrar a Europa con gas natural fósil y hacer más espacio para los gases limpios en el mercado europeo del gas, la Comisión propone que los contratos a largo plazo de gas natural fósil no deben extenderse más allá de 2049.
Otra prioridad del paquete de medidas es el empoderamiento y la protección del consumidor. Reflejando las disposiciones que ya se aplican en el mercado de la electricidad, los consumidores podrán cambiar de proveedor más fácilmente, utilizar herramientas efectivas de comparación de precios, obtener información de facturación precisa, justa y transparente y tener un mejor acceso a los datos y la nueva tecnología inteligente.
La Comisión ha propuesto mejorar la resiliencia del sistema de gas y fortalecer las disposiciones existentes de seguridad del suministro, como se estableció en la Comunicación y la Caja de Herramientas sobre Precios de la Energía del 13 de octubre. La propuesta amplía las normas actuales a las energías renovables y los gases con bajo contenido de carbono e introduce nuevas disposiciones para cubrir los riesgos emergentes de ciberseguridad.
Asimismo, se apostará por un enfoque más estratégico para el almacenamiento de gas. La propuesta también permite la contratación conjunta voluntaria por parte de los Estados miembros para disponer de existencias estratégicas, de conformidad con las normas de competencia de la UE.