La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE, un plan español para compensar parcialmente a las empresas que consumen mucha energía por los precios de la electricidad más altos resultantes de los costes indirectos de las emisiones en el marco del Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS).
La medida de apoyo tiene como objetivo reducir el riesgo de fuga de carbono, es decir, que las empresas españolas trasladen su producción a países fuera de la UE con políticas climáticas menos ambiciosas. Esto provocaría una menor actividad económica en la UE y ninguna reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
Compensación por los costes de emisiones indirectas
Estas ayudas cubrirán parte del aumento de los precios de la electricidad derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad (los denominados costes de emisiones indirectas) incurridos entre 2021 y 2030.
La medida beneficiará a las empresas activas en los sectores con riesgo de fuga de carbono enumerados en el anexo I de las Directrices sobre determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero posterior a 2021 (‘Directrices sobre ayudas estatales del RCDE’). Esos sectores enfrentan costes de electricidad significativos y están particularmente expuestos a la competencia internacional.
La compensación se otorgará a las empresas elegibles a través de un reembolso parcial de los costes indirectos de emisión incurridos el año anterior, y el pago final se realizará en 2031.
Importe de las ayudas
El importe máximo de la ayuda generalmente será igual al 75% de los costes indirectos de emisión incurridos. Sin embargo, en algunos casos, el importe máximo de la ayuda puede ser superior para limitar los costes indirectos de emisión restantes incurridos al 1,5% del valor añadido bruto de la empresa.
El importe de la ayuda se calcula sobre la base de parámetros de referencia de eficiencia en el consumo de electricidad, que garantizan que los beneficiarios se animen a ahorrar energía.
Recomendaciones de auditoría energética
Para participar en el proceso, las empresas deberán implementar ciertas recomendaciones de auditoría energética como cubrir al menos el 30% de su consumo de electricidad con fuentes libres de carbono (a través de instalaciones de generación de energía renovable en el sitio, acuerdos de compra de energía libre de carbono o garantías de origen), o invertir al menos el 50% del importe de la ayuda en proyectos que conduzcan a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus instalaciones.
Los beneficiarios deberán cumplir con una de esas obligaciones en el plazo de tres años desde la concesión de la ayuda.