Aprobadas nuevas medidas en el ámbito energético para reducir los precios de la electricidad

medidas en materia de energía

En el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto con varias medidas del ámbito energético dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Entre las medidas adoptadas, destaca la prórroga hasta el 30 de junio de la reducción fiscal vigente del 60% sobre los impuestos que gravan la electricidad; una actualización extraordinaria de la retribución regulada de las energías renovables; así como el refuerzo de la minoración del gas para reducir los beneficios extraordinarios en el mercado eléctrico.

Se mantienen hasta el 30 de junio la reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, entre otras medidas.

Asimismo, para aumentar la protección de los consumidores vulnerables, se prorroga hasta el 30 de junio los descuentos extraordinarios vigentes para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% del PVPC, respectivamente. El número de beneficiarios del bono social eléctrico se ampliará en 600.000, hasta los 1,9 millones de hogares, y también se incrementa el apoyo a la industria electrointensiva.

En el plano estructural, el Gobierno también ha habilitado un procedimiento temporal para acelerar los procesos administrativos para instalar plantas eólicas y fotovoltaicas; y, en línea con las directrices de la UE, se ha aprobado un aumento de las reservas estratégicas de gas.

Se mantienen las reducciones fiscales a la energía eléctrica

Hasta el próximo 30 de junio se mantiene la rebaja al 10% el tipo impositivo del IVA sobre la electricidad para los consumidores con menos de 10 kW de potencia contratada; el tipo del IEE en el 0,5%, el mínimo autorizado por la UE; así como la suspensión del impuesto del 7% a la generación.

En cuanto a la Tarifa de Último Recurso de gas natural (TUR), se mantiene el límite del 15% al incremento máximo del coste de la materia prima en la fórmula de cálculo durante las próximas revisiones del 1 de abril y el 1 de julio, con la intención de contener su incidencia en la factura final de los consumidores.

Apoyo a la industria electrointensiva

En concreto, se destina un total de 488 millones de euros a una serie de actuaciones destinadas a ayudar a la industria gran consumidora de energía. Los consumidores electrointensivos se beneficiarán de una reducción del 80% en el importe de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad hasta final de año, y con un aumento de la compensación por el CO2 repercutido en la electricidad. La industria también mantendrá la flexibilización de la contratación de los peajes de suministro de gas hasta el 30 de junio.

Además, el Gobierno ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a efectuar la convocatoria para la concesión de las subvenciones recogidas en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares. Y se ha aprobado un aumento de 65 millones de euros para compensar los costes de emisión de CO2 para este año.

Actualización de la retribución regulada de las renovables

La norma establece una actualización anticipada y extraordinaria del régimen retributivo regulado de las renovables, la cogeneración y los residuos (RECORE), que otorga una rentabilidad financiera del 7,4%, que según el Gobierno no se verá afectada.

En el contexto de los elevados precios de la electricidad registrados en 2021 y previstos para el resto de 2022, la actualización reducirá en unos 1.800 millones los costes del RECORE en 2022, lo que según el Gobierno permite rebajar los cargos en lo que queda de año un 55% por debajo del nivel anterior a las medidas para contener los precios que se aprobaron el año pasado. A partir del 1 de enero de 2023 dejará de aplicarse este mecanismo de ajuste por la desviación de precio en el mercado, incentivando que las instalaciones vendan a precio a plazo su producción eléctrica renovable.

La minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas gracias a la repercusión de los precios de la generación con gas sobre la generación inframarginal (minoración de gas), también se prorroga hasta el 30 de junio.

La medida también afectará a la energía contratada a plazo a precio fijo que tenga un precio de cobertura superior a los 67 euros/MWh; en el caso de coberturas entre sociedades de un mismo grupo empresarial se tendrá en cuenta el precio final comercializado.

Impulso a las energías renovables

La normativa aprobada por el Consejo de Ministros incluye varias medidas para el fomento de las renovables, como un marco regulatorio para instalaciones fotovoltaicas flotantes, normativa para canalizaciones de gases renovables, como el hidrógeno, o la liberación del 10% de la capacidad de acceso de los nudos de transporte para que puedan absorber aproximadamente 7 GW adicionales de instalaciones de autoconsumo.

Ante la emergencia provocada por los precios energéticos, se habilita un procedimiento temporal acelerado, hasta el 31 de diciembre de 2024, para determinar la afección ambiental y la tramitación de nuevas plantas eólicas menores de 75 MW y nuevas fotovoltaicas menores de 150 MW. Estas plantas tendrán que ubicarse fuera de la Red Natura 2000 y en áreas sensibilidad baja o moderada según la Zonificación ambiental para energías renovables.

Por otro lado, entre 2023 y 2025 las empresas distribuidoras ampliarán sus planes de inversión en las redes eléctricas en un mínimo del 10% para facilitar la evacuación de nueva generación renovable de pequeño tamaño y autoconsumo.

Entre las medidas del real decreto aprobado, también cabe destacar la habilitación para establecer bancos de pruebas regulatorios en los que testar proyectos que faciliten la investigación y la innovación en el ámbito eléctrico; o el desarrollo de los criterios y reglas para la celebración de los concursos de acceso a la red eléctrica.

 
 
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