Rebajar los precios y reducir la volatilidad, a la vez que se avanza en el proceso de descarbonización, garantizando en todo momento la seguridad de suministro y repartiendo los costes de un modo más justo entre productores y consumidores, es el objetivo de la propuesta de reforma del mercado mayorista de electricidad de la Unión Europea adoptada ayer por el Consejo de Ministros. Las principales claves de la propuesta se basan en el desarrollo de energías renovables, la seguridad de suministro, los precios de consumo asequibles y la reducción de la volatilidad.
La propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo se remite a la Comisión Europea con el objetivo de que pueda tenerla en consideración antes de que formule la suya propia en el mes de marzo, para que sea analizada por las instituciones comunitarias dentro del proceso de transformación de los mercados energéticos desencadenado por la guerra en Ucrania.
La propuesta del Ejecutivo se dirige a establecer un sistema asequible y flexible pero seguro. Para ello, plantea ofrecer contratos a plazo de energía, para que el sistema eléctrico pueda beneficiarse de la estabilidad en los precios y que eso redunde en precios medios más bajos en el corto plazo, y que se establezca un servicio de almacenamiento suficiente para aquellos momentos en los que las energías renovables no funcionen al 100%.
Para llevar a cabo la reforma es necesario modificar la normativa europea. Mientras tanto, España y Portugal van a proponer la extensión del mecanismo ibérico para seguir protegiendo a los consumidores energéticos.
Propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo
Basada en el desarrollo de los mercados a plazo de energía y de servicios de capacidad y flexibilidad, adaptados a las necesidades de cada país o región, la propuesta pretende solucionar los problemas del diseño actual: escaso peso de los mercados a plazo, precios elevados que no reflejan los bajos costes de las energías renovables, beneficios extraordinarios en las tecnologías no contestables y señales inadecuadas para orientar la inversión.
La propuesta establece que un mercado a plazo aportará una estabilidad que no ofrecen los actuales mercados de futuros, estableciendo, mediante subastas, contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España. En consecuencia, la generación renovable reflejará los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores.
Aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia, por escasez de recurso o falta de apoyo social y político, como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado. El Gobierno considera que con ello se podrían reducir los precios de los consumidores de forma inmediata, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores, sin que obtengan beneficios extraordinarios.
Los contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación y de almacenamiento, o a la gestión de la demanda, por estar disponibles y garantizar el suministro. La normativa de la UE ya prevé estos mercados, pero sólo como instrumentos excepcionales, temporales y de último recurso.
España propone mantener el mercado a corto plazo actual (diarios intradiarios y servicios de ajuste), que seguirá funcionando como hasta ahora, proporcionando señales eficientes de precios y de despacho. Sin embargo, los ingresos de los generadores se regirán por los contratos a largo plazo que reflejen el coste medio del suministro.