El Consejo Europeo ha dado luz verde a la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA), el reglamento para establecer un marco que garantice un suministro seguro y sostenible de materias primas críticas. Se trata del último paso en el procedimiento de toma de decisiones. El texto final adoptado identifica dos listas de materiales (34 críticos y 17 estratégicos) que son cruciales para las transiciones verde y digital.
Tras la aprobación esta semana por parte del Consejo Europeo de la posición del Parlamento Europeo, se ha adoptado el acto legislativo. Tras ser firmado por los presidentes de ambas instituciones, el reglamento se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor a los 20 días de su publicación. Cabe recordar que los dos colegisladores alcanzaron un acuerdo provisional el pasado mes de noviembre.
Novedades de la Ley de Materias Primas Críticas
La Ley de Materias Primas Críticas introduce plazos claros para los procedimientos de permisos para proyectos de extracción de la UE; permite a la Comisión Europea y a los Estados miembros reconocer un proyecto como estratégico; exige evaluaciones de riesgos de la cadena de suministro; también exige que los países de la UE tengan planes de exploración nacionales; y garantiza el acceso de la Unión Europea a recursos críticos y estratégicos de materias primas a través de ambiciosos puntos de referencia sobre extracción, procesamiento, reciclaje y diversificación de fuentes de importación.
El texto final adoptado esta semana identifica dos listas de materiales (34 críticos y 17 estratégicos) que son cruciales para las transiciones verde y digital, así como para las industrias espacial y de defensa.
Además, la nueva ley establece tres puntos de referencia para el consumo anual de materias primas en la UE: 10% de extracción local, el 40% se procesará en la UE y el 25% procederá de materiales reciclados.
Desarrollo de proyectos estratégicos
Para facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos, los Estados miembros de la UE crearán puntos de contacto únicos en el nivel administrativo y en la etapa relevante de la cadena de valor de las materias primas críticas.
La nueva ley establece que los proyectos de extracción recibirán sus permisos en un plazo máximo de 27 meses, mientras que los proyectos de reciclaje y procesamiento deberán recibir sus permisos en un plazo de 15 meses; con excepciones limitadas destinadas a garantizar un compromiso significativo con las comunidades locales afectadas por los proyectos y una evaluación de impacto ambiental adecuada en casos complejos.
En cuanto a las grandes empresas que fabrican tecnologías estratégicas (como baterías, hidrógeno y renovables), llevarán a cabo una evaluación de riesgos de sus cadenas de suministro para identificar vulnerabilidades.