Para impulsar la fabricación de la Unión Europea en tecnologías necesarias para la descarbonización, el Parlamento Europeo ha aprobado la Ley de Industria Cero Neto. La nueva ley establece el objetivo de que Europa fabrique el 40% de sus necesidades anuales de despliegue en tecnologías net-zero para 2030, basándose en los Planes Nacionales de Energía y Clima, y capturar el 15% del valor del mercado global para estas tecnologías. Entre las tecnologías contempladas, se encuentran todas las renovables, las redes eléctricas y las tecnologías de almacenamiento de energía.
La denominada Ley de Industria Net-Zero fue acordada de manera informal el pasado mes de febrero entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. El próximo paso es la aprobación formal por parte del Consejo Europeo para que se convierta en ley.
El proyecto de ley apoya la fabricación de tecnologías clave necesarias para los objetivos climáticos y energéticos de la UE. Se incluyen todas las tecnologías renovables, las redes eléctricas, las tecnologías de almacenamiento de energía, la descarbonización industrial, la energía nuclear y la biotecnología.
Aceleración de permisos y sostenibilidad
La ley simplificará el proceso de obtención de permisos y establecerá plazos máximos para que los proyectos sean autorizados, dependiendo de su alcance y resultados.
Además, se prevé la creación de iniciativas de ‘Valles de Aceleración Net-Zero’, acelerando el proceso de obtención de permisos, al delegar a los Estados miembros de la UE partes de la recopilación de pruebas para las evaluaciones ambientales.
Por su parte, los planes de apoyo nacionales destinados a lograr que los hogares y los consumidores adopten más rápidamente tecnologías, como los paneles solares y las bombas de calor, deberán tener en cuenta criterios de sostenibilidad y resiliencia.
Se establece que los procedimientos de contratación pública y las subastas para desplegar fuentes de energía renovables deben cumplir estos criterios, aunque en condiciones que definirá la Comisión Europea, y para un mínimo del 30% del volumen subastado por año en el Estado miembro, o alternativamente para un máximo de 6 GW subastados por año y por país.
Además, la legislación fomentará la financiación procedente de los ingresos del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) nacional y para la mayoría de los proyectos estratégicos a través de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).