El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, reguladora del régimen del comercio de derechos de emisión en España. En concreto, ha remitido a las Cortes el proyecto de ley que modifica el régimen de comercio de derechos de emisión. Se trasponen así dos directivas europeas adoptadas en 2023 para actualizar la senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La nueva normativa estará vigente cuando se incorpore a la legislación nacional y se publique en el Boletín Oficial del Estado.
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Las Directivas 2023/959 y 2023/958 y los Reglamentos 2023/956 y 2023/957 son elementos del paquete legislativo Fit for 55, cuyo fin es crear un marco normativo de políticas y medidas que permita a la UE cumplir los objetivos asumidos en materia de energía y cambio climático, como es el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Tienen como elemento común promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante la imposición de un precio al carbono emitido.
En los sistemas de comercio de emisiones, cada uno de los participantes debe entregar un número de derechos de emisión igual al de sus emisiones. Si emite más que los derechos que obtiene de forma gratuita, debe comprar derechos en el mercado. Este coste adicional incentiva a la reducción de sus emisiones.
Novedades en el proyecto de ley
Entre las novedades recogidas en el proyecto de ley, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha destacado que la norma adecúa las sendas de reducción de emisiones y de asignación de derechos a los sectores industriales y a las infraestructuras de generación de electricidad incluidas en este ámbito. El objetivo es que sus emisiones estén un 62% por debajo de las registradas en el año 2005.
Además, el texto incorpora la asignación gratuita de derechos de emisión a algunas tecnologías limpias que no emiten esa clase de gases y son importantes para la transformación del sistema energético, como es el caso de la producción de hidrógeno verde, con el objetivo de incentivarlas.
Por otro lado, se establece un régimen específico paralelo para posibilitar la reducción de emisiones del sector de la edificación y el sector de transporte por carretera. Las obligaciones no están dirigidas a los usuarios finales, sino a las empresas que venden los combustibles para ese destino. En 2024 ya empezará a funcionar un sistema de monitorización, y la aplicación será plenamente efectiva en 2027.
Otra novedad es la posibilidad de introducir en frontera una tasa para aquellos productos procedentes de terceros países que no cuenten con un régimen de reducción de emisiones. Y también se reducen las asignaciones al sector de la aviación, que ya forma parte del sistema de comercio de derechos de emisión, y se amplía la aplicación del régimen a las emisiones procedentes del transporte marítimo de pasajeros y mercancías.