La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030 se abre a consulta pública previa

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha abierto a consulta pública previa la elaboración de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030. La nueva estrategia buscará la equidad energética, con el objetivo de reducir de forma permanente y progresiva la pobreza energética en un horizonte de medio y largo plazo. El plazo para presentar alegaciones está abierto hasta el 28 de febrero de 2025.

La consulta pública previa sobre la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030 está abierta hasta el 28 de febrero.

Se trata de la segunda estrategia, tras la aprobada en 2019, que se desarrolló en un periodo marcado por la COVID-19, la invasión de Ucrania y la crisis energética. Durante este período, se han mantenido medidas para proteger a todos los consumidores, especialmente a los vulnerables.

Al haber superado este periodo de crisis energética y concluido el de vigencia de la primera estrategia, se inicia el proceso para esta nueva estrategia sobre la base del conocimiento adquirido durante estos años, de modo que adapte los mecanismos identificados al contexto económico y social y a un sistema energético cada vez más descarbonizado.

Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030

La consulta pública previa pretende apoyar la elaboración de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE), cuya vigencia se prevé para el periodo de 2025 a 2030, con el objetivo de reducir de forma permanente y progresiva la pobreza energética en un horizonte de medio y largo plazo.

Los interesados responderán preguntas como qué nuevos instrumentos considera más útiles para abordar la pobreza energética y consideraciones de diseño importantes; qué políticas públicas existentes mejoraría, así como una propuesta concreta de mejora y su objetivo; cómo puede mejorarse la coordinación entre medidas de protección de consumidores, en distintos ámbitos sectoriales y a niveles de administración local, autonómico y estatal; y de qué manera cree que deben participar los sujetos y entidades públicos, privados y tercer sector en la ejecución de la estrategia.

Asimismo, responderán sobre cómo se podrían compatibilizar las medidas en materia de pobreza energética con la normativa vigente en materia de protección de datos; qué medidas y con qué agentes, públicos, de la sociedad civil o sectoriales, se puede aumentar la difusión efectiva y acceso del derecho de prestación a los potenciales preceptores; qué medidas identifica y considera necesarias para mejorar la cobertura de las prestaciones a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta el marco competencial; y qué otros elementos debería tener en cuenta el diseño y la ejecución de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

La finalidad es recabar la opinión de particulares, organizaciones y entidades interesadas respecto del contenido que debería abarcar la nueva estrategia, teniendo en cuenta el contexto actual. Se podrán presentar alegaciones a esta consulta pública a través de un formulario hasta el 28 de febrero.

 
 
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